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La profundización de la crisis política que se vive en Venezuela posterior a la elección presidencial del pasado 28 de julio, ha provocado reacciones de muchos actores políticos regionales, como esfuerzos diplomáticos de gobiernos y debates en muchos espacios internacionales.
Los intentos de
mediación generados por Brasil, Colombia y México, los debates realizados y
presentados en espacios como la Organización de Estados Americanos, el Alto
Comisionado para los DDHH de la ONU y el propio secretario general de este
organismo, las declaraciones y posiciones de varios gobiernos que incluso han
llevado a la ruptura de relaciones diplomáticas, todo da cuenta del impacto
real que tiene la crisis política de Venezuela sobre la región y de la necesidad
de construir un camino que permita allanar soluciones y sobre todo se mantenga
el respeto a los DDHH y principios democráticos establecidos en la constitución
nacional.
En medio de este
esfuerzo internacional, se presenta con mucha visibilidad las acciones de
distintos poderes legislativos nacionales y regionales, que se suman como actores
políticos en el debate sobre la situación en Venezuela, lo que comenzó con
posiciones individuales de parlamentarios y organizaciones políticas de
distintos países, ha tomado cuerpo para presentarse como expresión
institucional de demandas y posiciones políticas. Es así como los acuerdos
aprobados tanto en la cámara de diputados como el senado del Reino de España
donde reconocen a Edmundo González como presidente
electo de Venezuela, han sido replicados en otros congresos como el de Colombia
o Costa Rica y vimos recientemente como se aprobó una declaración en este mismo
tono por parte del Parlamento Europeo. También hemos visto como los parlamentos
de Cuba y Nicaragua han presentado y aprobado declaraciones y acuerdos en
respaldo al gobierno de Nicolas Maduro.
Si bien, las decisiones
o posiciones adoptadas en este sentido no resultan vinculantes ni obligantes
para los gobiernos, si es muy cierto que el rol de los parlamentos en proponer
y definir posiciones políticas en asuntos de política exterior, no solo influye
en la opinión pública y en las dinámicas políticas internas de los países, sino
que pasan a ser elementos que no pueden ser inobservados por los decisores, el
cuerpo diplomático y las cancillerías de sus países.
Los poderes
legislativos han tomado a partir del tema Venezuela un rol quizás novedoso en
términos de su acción política y en su capacidad de ayudar a definir la
política exterior de sus países, este esfuerzo real y concreto está abriendo
puertas para que la Diplomacia Parlamentaria siga insistiendo en su capacidad
de ser un apoyo o parte de los espacios de decisión que en muchos casos son
exclusivos de los poderes ejecutivos o gobiernos de la mayoría de los países.
Estamos ante una
nueva realidad, donde los parlamentos como expresión de la diversidad y
pluralidad política de los países, buscan ser relevantes en los asuntos que
discurren fuera de sus fronteras, el esfuerzo y acción parlamentaria. Si bien los
parlamentos sirven en sus funciones como instancias legitimas de control de las
políticas del resto de los poderes en lo países y para darle base legal por
medio de los actos legislativos a las iniciativas que en materia de política exterior
impulsan los gobierno, hoy comienza tímidamente a observarse una trasformación
del carácter de la actividad parlamentaria y de su influencia en tema sobre los
cuales no tiene competencia definida todavia.
Quizás el tema
de Venezuela este abriendo un nuevo espacio que deberá ser abordado, discutido
y quizás delimitado en el futuro por la propia institucionalidad de los países,
pero lo cierto es que muchos parlamentos vienen decididos a ser parte activa en
el debate internacional y en ese camino se reconocen los cambios que provocan
sobre las instituciones las fuerzas de la globalización, la interacción y la
interconexión que existen en la gran aldea global, donde la defensa de valores
esenciales como la libertad, la democracia, el respeto a los DDHH, el
desarrollo económico, la reducción de desigualdades, el cambio climático y la
construcción de paz son asumidos tanto por la sociedad organizada como por instituciones sociales y económicas, dejando
de ser una especie de propiedad exclusiva de los gobiernos.
Esta etapa en el
ejercicio de la Diplomacia Parlamentaria viene con unas nuevas formas e ideas
que seguro seguirán desarrollándose y encontrando o construyendo un espacio
institucional que fortalezca el espacio público y que como parte de la
colaboración necesaria entre poderes, permita crear respuestas más efectivas a
las demandas sociales que son nacionales y ahora también globales.